La economía en el período
neobatllista
*Nahum, B; Angel Cocchi; Ana Frega; Yvette Trochon:
“Crisis política y recuperación económica 1930-1958”,
EBO – La República, 1998, págs. 96-107
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Este había sido concebido como un instrumento privilegiado para lograr cambios sustanciales
en el régimen de explotación y tenencia de la tierra (fomentando una racional subdivisión
de la misma). Impulsaría la colonización tanto agrícola como ganadera, y tendría en sus
manos la posibilidad de la expropiación de tierras para dedicarla a aquellos fines. Entre las
susceptibles de ser expropiadas, se encontraban las propiedades de gran extensión y las
escasamente explotadas. Los colonos debían cumplir con ciertos requisitos, tales como
poseer conocimientos en el tipo de explotación que fueran a realizar y hábitos de trabajo.
Las tierras adjudicadas por el Instituto en carácter de propiedad podrían ser expropiadas
cuando se comprobara su subdivisión o su nueva concentración.
Sin embargo, sus objetivos más profundamente transformadores fueron cercenados por
la férrea oposición que los ganaderos ejercieron a través de sus organizaciones (la Asociación
Rural y la Federación Rural). El proyecto finalmente aprobado significó un compromiso que
neutralizó los contenidos renovadores de la concepción original, como ya vimos. La labor
del Instituto se vio afectada por la falta de recursos financieros que permitieran la
implementación de sus metas, fenómeno que se fue agudizando en los años siguientes.
Entre 1948 y 1958 se colonizaron 149.671 hectáreas. A partir de esa fecha, el impulso
colonizador se detuvo. Dentro de este panorama de rasgos negativos, en el sector
agropecuario se destacaron, sin embargo, dos renglones de mayor dinamismo: la leche y la
lana. La producción láctea se duplicó entre 1945 y 1955 al amparo de medidas que aseguraban
buenos precios y fácil comercialización. La producción de lana se vio incrementada por la
aplicación de controles sanitarios (sarna, etc.) y la mejora de razas (la expansión del
Corriedale). Los productos agrícolas constituyeron los renglones de mayor expansión entre
los años 1946 y 1955, lo que provocó un aumento del área cultivada. La explotación triguera
se multiplicó por 4 en esos años, seguida por otros cultivos. Entre estos, girasol, arroz,
maní, lino, algodón, caña de azúcar, etc. alcanzaron niveles importantes alentados por la
industrialización. Esta fomentó la producción de materias primas de la agricultura para el
proceso sustitutivo de cierto tipo de importaciones, así como la intensificación de cultivos
que cubrieran las necesidades del incremento de consumo de la población. Cereales y
oleaginosos captaron el 57% de la producción agrícola total entre 1946 y 1949. Diversas
resoluciones oficiales impulsaron la explotación agrícola: la fijación de precios “sostén” (al
trigo, lino, girasol, mam, algodón, etc.) el establecimiento de tipos de cambios favorables,
facilidades para la importación de maquinaria —los tractores pasaron de 3.170 en 1946 a
21.740 en 1956—, créditos preferenciales.
Todo ello conformó un impulso deliberado del Estado que amplió el área agrícola en
perjuicio de la ganadera. De acuerdo al economista Luis Faroppa, desde 1947 se produjo
un desplazamiento de casi un millón de hectáreas de las explotaciones ganaderas a las
agrícolas y lecheras, cambiándose incluso su localización.
Tradicionalmente el área agrícola se había concentrado en las zonas centro-sur del país
(primordialmente Canelones, cinturón agrícola de la capital). En esta etapa, se produjo un
desplazamiento hacia el Litoral por diversas razones:
—el desgaste del suelo provocado por la continua y exclusiva explotación triguera en
predios excesivamente reducidos (minifundios).
—las mejores condiciones que presentaba la nueva región para los cultivos del tipo
industrial.
—la existencia de buenas vías de comunicación en el Litoral.
—mejores posibilidades de aplicar la mecanización en establecimientos de mayor tamaño.
La expansión agrícola comenzó a revelar signos de estancamiento desde mediados de la
década del cincuenta por factores ajenos al control del país. La fuerte recuperación de la
agricultura europea y la formidable expansión de la estadounidense fueron los argumentos
para establecer políticas proteccionistas que perjudicaron a los países productores de materias
primas y alimentos. La Ley 480 de Estados Unidos, que posibilitaba comercializar a precios
bajísimos los excedentes del agro estadounidense, nos desplazó de mercados incluso
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tradicionales, y bajó los precios de nuestras exportaciones. Las trabas para el ingreso de los
“tops” (lanas lavadas y peinadas) uruguayos a Estados Unidos, impedían o dificultaban a
Uruguay las posibilidades de exportar un producto con mayor contenido de trabajo nacional
que la lana sucia, materia prima en bruto.
Si a esto se unía la creciente utilización de fibras textiles sintéticas que disminuían las
ventas de lana, se aprecia el cúmulo de dificultades existentes para colocar la producción
uruguaya en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, se percibe con nitidez los
estrechos márgenes de superación que podía permitir un crecimiento en dependencia.
2. LA EXPANSIÓN INDUSTRIAL
La expansión del sector industrial vinculado al mercado interno permitió –a través de la
estrategia de sustitución de importaciones impulsada luego de la crisis económica mundial
de 1929– la fabricación de productos que anteriormente eran adquiridos en el exterior.
Se ha visto en capítulos anteriores, cómo durante el período terrista la producción
industrial presentó un crecimiento significativo, que se vio reafirmado por las nuevas
restricciones que el estallido de la Segunda Guerra Mundial impuso a la adquisición de
productos de aquel sector en el exterior. Pero si bien en este aspecto la guerra significó un
nuevo impulso en el proceso ya iniciado, también implicó –como contrapartida– el surgimiento
de mayores dificultades en la adquisición de elementos esenciales para la expansión de las
industrias de carácter dinámico.
Las dificultades de abastecimiento de combustibles, maquinarias y determinadas materias
primas (hierro, acero, etc.) de las que el país carecía, trabaron hasta el fin del conflicto,
las posibilidades de crecimiento acelerado en dicho sector de la producción.
Las industrias del tipo tradicional, que utilizaban materias primas del país, no se vieron
tan afectadas y tuvieron un efecto multiplicador sobre la demanda de productos nacionales.
Prueba de este efecto benéfico lo constituyó la expansión del área agrícola, ya analizada.
La finalización de la guerra restableció el normal abastecimiento de aquellos elementos
básicos. Fue entonces, en los años de la segunda posguerra, entre 1945 y 1955, cuando se
operó el período de crecimiento acelerado de la producción industrial uruguaya. Esta se
incrementó a razón de un 8.5% anual, mientras la tasa del agro era del orden del 3.9%. Las
ramas tradicionales lo hicieron a un 5.6% y las dinámicas en un 15%. Debe tenerse en
cuenta que la posible competencia de los países industrializados se hallaba momentáneamente
paralizada por el reacondicionamiento que debían realizar en sus economías adaptándolas a
las nuevas condiciones de pacificación imperantes en el mundo.
Otro factor que contribuyó a la afirmación del proceso expansivo de la producción
industrial uruguaya, fue la acumulación de divisas realizada durante el conflicto.
El incremento en las ventas de la producción pecuaria había permitido al país acumular
libras y dólares en el exterior.
Esto permitió financiar la compra de los insumos necesarios para dinamizar el proceso
de industrialización.
La guerra de Corea (1950-1953), al favorecer la colocación de nuestra producción pecuaria,
impidió la oposición tradicional del sector ganadero al desarrollo industrial, lo que allanó el
camino de posibles obstáculos en el orden interno. La política proteccionista promovida por
el batllismo en el poder a partir de 1946 –que se analizará más adelante– significó otro
factor de fomento del proceso industrializador.
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El predominio de las industrias dinámicas sobre las tradicionales en este período es
relevante. Sin embargo, es de destacar que pese a la importancia adquirida por las industrias
derivadas del petróleo, electrotécnicas, metalúrgicas, etc., la actividad industrial uruguaya
se destinó esencialmente a la producción de bienes de consumo interno en el marco del
proceso de sustitución de los importados. Dentro de los sectores excepcionalmente orientados
a la exportación resaltaron el de los textiles y confecciones.
En el cuadro Nº 2 se visualiza con claridad las importantes tasas de crecimiento de las
industrias dinámicas (caucho, metalurgia, química, derivados del petróleo, etc.), la particular
situación de la industria textil y el lento ritmo de las ramas tradicionales.
CUADRO Nº 2
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN FISICO DEL SECTOR MANUFACTURERO
ÍNDICE 1955 = 100
VESTIMENTA Y CONFECCIONES ALIMENTOS IND. DEL CUERO CAUCHO
1945 59,1 84,2 84,7 28,9
1950 71,8 91,5 68,9 52,2
1955 100,0 100,0 100,0 100,0
PETRÓLEO Y DERIVADOS QUÍMICA METALURGIA TEXTILES
1945 23,2 15,3 27,0 29,3
1950 68,0 29,9 64,3 47,0
1955 100,0 100,0 100,0 100,0
FUENTE: Luis FAROPPA: “El desarrollo económico del Uruguay.”
Otra de las características que adquirió el proceso industrializador en esta etapa, es el
alto grado de concentración de las industrias en Montevideo, que alcanzó en 1955 el 75,6%
del valor total de la producción. El predominio industrial de la capital es seguido de modo
decreciente por Canelones, Paysandú y Salto. En el período surgieron Paylana, Azucarlito,
Paycueros, en Paysandú; Sudamtex (textiles) en Colonia; Pamer (papel) en Soriano. Las
diferencias entre la productividad de Montevideo y el Interior podrían explicarse por la
incidencia de varios factores. Por un lado, el carácter portuario de Montevideo le permitió
acceder con facilidad al aprovisionamiento de materias primas del exterior, mientras el
Interior, con clara desventaja, veía aumentados sus costos de producción por la incidencia
de los fletes. La existencia de un mercado de consumo reducido determinó la presencia en
el Interior de establecimientos de escasas dimensiones, que impedían la utilización de
métodos modernos de fabricación que multiplicaran su producción. La obtención de capitales
también se vio limitada frente a una más desarrollada red bancaria en la capital. Esta
hiperconcentración de las industrias en un único polo evidenciaba una mala integración del
mercado nacional, que exhibió sus efectos más nocivos a partir de mediados de la década
del cincuenta. La industria uruguaya presentó otro carácter relevante: el producir
esencialmente para el mercado interno. Así, mientras en 1936 el 93,3% de su producción se
orientaba al mercado nacional, en 1955 trepó al 95%. No obstante esta tendencia, se pudo
observar un repunte en los valores de los productos industriales respecto al total de
exportaciones del país. En 1936, significaban el 18,9%, mientras que en 1955 alcanzaron el
35,1%.
Asimismo, vinculado con esta expansión se produjo un aumento del número de
trabajadores en el sector industrial respecto al empleado en otras actividades. En 1936,
con una población estimada de 1.800.000 había 85.691 asalariados en la industria. En
1955, con una población de 2.630.000 habitantes, 194.623 correspondían a empleados y
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obreros del sector industrial. En Montevideo –que contaba con unos 900.000 habitantes en
esta fecha– el 16% eran obreros y empleados industriales.
En el Interior, con 1.750.000 habitantes, el 3.1% se ocupaban en dicha actividad. Al
orientarse la producción industrial al abastecimiento del mercado interno, se produjo una
reducción de las importaciones de ciertos artículos manufacturados.
Las posibilidades de exportar productos industrializados eran difíciles por una diversidad
de factores. Entre los externos, contaban los derivados de una reducción de la demanda
por la Guerra Mundial y las políticas proteccionistas de los países desarrollados.
Entre los internos, la pequeñez del mercado nacional, básico para lanzar la producción;
la inadecuación de la tecnología empleada que, por importada, estaba diseñada para abastecer
grandes mercados con un mínimo de mano de obra, cuando las necesidades nacionales eran
exactamente las opuestas; la escasa productividad obtenible entonces con relación a la
capacidad instalada, los altos costos derivados, la nula competitividad resultante de todo un
esquema industrial incapaz de salir al exterior. Por otro lado, el proceso de sustitución
provocó, al exigir mayor cantidad de combustibles, materias primas y bienes de capital
(maquinarias, repuestos, etc.) inexistentes en el país, un aumento del grado de dependencia
por la cantidad de importaciones que no podían ser disminuidas. Esa demanda fue a nutrir
los mercados exteriores, promoviendo su desarrollo. Es lo que los economistas llaman
“exportación de dinamismo a los países dominantes”: la necesidad de bienes de capital,
que debería impulsar nuestro desarrollo, se traslada al exterior, acelerando el ajeno.
Para nosotros, en cambio, como esas compras fueron incrementándose, y como por los
productos del agro se obtenía cada vez menos divisas con qué pagarlas, el resultado fue un
creciente desequilibrio negativo en la balanza comercial de aquellos años.
Respecto al tema de cómo se realizó el proceso de capitalización del sector industrial, es
decir, de dónde vinieron los capitales que se invirtieron en la industria, deben destacarse –
en primer lugar– que los capitales fueron esencialmente nacionales y no extranjeros. En
cuanto al origen de los mismos –como se vio anteriormente– no hay unanimidad de criterios
entre los analistas económicos del período. En lo que sí hay acuerdo, es en destacar la
tendencia a la concentración del capital, lo que condujo a fenómenos de inversión excesiva
en algunas ramas industriales.
Esto conspiró contra una distribución más equilibrada de los capitales disponibles. Las
inversiones extranjeras directas en las industrias del país no alcanzaron niveles de importancia.
La crisis económica mundial de los años treinta, seguida por el estallido de la guerra,
redujeron la colocación de capitales del exterior. Las inversiones norteamericanas, pujantes
en el Uruguay desde las primeras décadas del siglo XX, enlentecieron su incidencia. A partir
de los cincuenta, cuando se aceleró nuevamente el proceso de inversiones, los primeros
signos del estancamiento del sector industrial desestimularon la colocación de capitales
extranjeros.
No obstante, debe destacarse la presencia en el país de filiales de empresas transnacionales
(*) como la General Electric (1943), Sudamtex (1945), Ciba (1945), I.B.M. (1954), y algunas
otras. Esta presencia no logró revertir el carácter básicamente nacional de la producción
industrial uruguaya.
(*) Transnacionales: empresas que producen y venden en varios países a la vez, no deteniéndose en las fronteras
nacionales para la realización de sus negocios; así, en un país aprovechan los bajos impuestos, en otro la baratura
de la mano de obra, en otro, los reducidos aranceles, etc. Cuentan con un único centro de decisión para sus
operaciones a nivel mundial, y actúan en diferentes ramas de la producción (plásticos, electrónica, etc.). De este
modo, las bajas de precio de un sector se compensan con alzas en otros, estabilizando y asegurando el nivel de
ganancias a largo plazo de la firma.
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3. EL PAPEL DEL ESTADO
3.1. Dirigismo económico
La restauración democrática supuso un nuevo impulso a la extensión de las funciones del
Estado. Como vimos, ni aún durante el terrismo se había replegado la función pública al
concepto liberal de “juez y gendarme”; más bien lo que se había hecho era incorporar en
los organismos oficiales a representantes de los grupos de presión.
Juan José de Amézaga había señalado al asumir la presidencia el 1° de marzo de 1943:
“Industria, trabajo y economía nacional representan intereses asociados y solidarios”. La
perspectiva de la finalización de la guerra hacía que se temiera la repetición de una
depresión como la de 1920, fruto del desnivel entre la baja de las exportaciones y la
afluencia de las importaciones, semiinterrumpidas a causa del conflicto bélico.
Esa coyuntura, entonces, hacía fundamental la intervención del Estado en la distribución
de los excedentes económicos. (**) Con el retorno del batllismo al gobierno –especialmente
a partir de agosto de 1947, cuando asumió la presidencia Luis Batlle Berres–, el “dirigismo
económico” y la intervención estatal a fin de hacer efectiva una política de “nivelación”
social, cobró un renovado impulso, como ya sabemos. Para ello, a través de diversos
mecanismos, el Estado debía encauzar los distintos sectores de la producción en una etapa
de crecimiento acelerado, donde la industria jugaba un papel de primer orden. (***) En
forma paralela, debía intervenir para evitar que el enriquecimiento quedara limitado a los
grupos ya poderosos, favoreciendo una distribución más igualitaria de los ingresos.
Los principales caminos adoptados fueron el contralor del comercio exterior y del tipo de
cambio, la defensa del valor de la moneda, el proteccionismo industrial y la política crediticia.
A través de ellos, el Estado conseguiría los recursos necesarios para desplegar una política
de redistribución del ingreso, o sea, repartir más equitativamente entre los diversos sectores
sociales la riqueza generada en el país.
A) Contralor del comercio exterior
En 1941, como vimos, se creó el Contralor de Exportaciones e Importaciones a fin de
regular los valores, destinos y procedencias de los productos que exportara o importara el
país, quedando en sus manos los dólares (divisas) que ese comercio producía. Además, se
encargaba de otorgar la moneda extranjera y los permisos previos para la importación. Al
comercializar las divisas a través de organismos oficiales, la diferencia entre el valor de la
compra y venta de las mismas, quedaba para el Estado. Por ejemplo, en agosto de 1947 el
Contralor de Cambios fijó en $ 1.52 lo que recibirían los exportadores por cada dólar
vendido al exterior (en carnes, lanas, etc.); y en $ 1.90 lo que se les cobraría a los
importadores por cada dólar de mercadería que importaran. La diferencia, 38 centésimos
por dólar, eran los recursos que el Estado podía aplicar a otros sectores de la economía. De
esta forma se podía transferir parte de los ingresos de los ganaderos (suya era la gran
mayoría de los productos exportados y de los dólares producidos por esa exportación), a la
industria y la agricultura, muy necesitados de importar combustibles, máquinas, materias
primas, fertilizantes, etc.
Además, se fijó el otorgamiento de cambios preferenciales, para incentivar ciertas
actividades específicas.
(**) Saldos favorables de los intercambios económico-financieros con otras naciones.
(***) Seguramente retomando ideas de su tío, José Batlle y Ordóñez, quien le atribuía a la industria las virtudes de crear
fuentes de trabajo para la mano de obra nacional, evitar el drenaje de oro por el pago de compras de artículos
industriales afuera y disminuir la dependencia del país del exterior.
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Esto significa que, además de la discriminación arancelaria (mayores impuestos aduaneros
a la introducción de productos competitivos, en la mayoría de los casos), se estableció un
sistema de tipos de cambio múltiples. Esto es, como se recordará, que la cantidad de pesos
que los importadores debían pagar para conseguir cada dólar que necesitaban para importar
un artículo, aumentaba o disminuía de acuerdo al juicio que el Contralor tenía sobre la
necesidad –o no– de ese artículo para el país. O, en el caso de los exportadores, subía o
bajaba la cantidad de pesos que recibían por cada dólar que les pagaban en el exterior por
sus productos.
Por ejemplo, en 1944, se estableció que las exportaciones no tradicionales recibieran el
tipo de cambio del mercado libre de divisas (que era más alto, puesto que no se regía por el
contralor estatal sino por la oferta y la demanda). En 1947, un decreto clasificaba las
importaciones en tres grupos según una escala creciente del valor fijado a las divisas:
—materias primas necesarias, bienes de consumo y de capital específicamente indicados;
—mercaderías que no se encontraban ni en la primera ni en la tercera categoría;
—artículos competitivos con las industrias domésticas y mercaderías suntuarias y de lujo.
En 1949 el sistema de tres tipos de cambio se aplicaba también a los productos exportados,
en función de la preferencia que quería adjudicársele a cada categoría.
Esta era una de las medidas que en mayor grado afectaba los intereses de la clase alta
rural. Y de allí la constante presión –haciendo valer el hecho de que el mayor contingente de
exportación provenía de la agropecuaria– para obtener mayor cantidad de moneda nacional
por cada divisa. Entre 1950 y 1952 se estableció cierta liberalización de las restricciones,
pero ello tuvo como consecuencia una disminución de las reservas monetarias del país.
Cuando ya comenzaba a perfilarse la crisis que se desataría en el trienio 1957-59, el
sistema de cambios múltiples se tornaría cada vez más complejo y casuístico, apoyándose a
unas empresas y no a otras, sin que quedara suficientemente claro si la elección correspondía
al mejor interés nacional. A modo de síntesis, repasemos los principales objetivos que se
perseguían con la aplicación del contralor cambiario: conseguir ingresos para el Estado
(derivados de la diferencia de valor entre las cotizaciones de compra y venta), influir en el
nivel de precios, favorecer aquellos sectores de la economía que se consideraban claves
para el desarrollo, y contribuir a sostener una balanza de pagos equilibrada, no gastando
más de lo que entraba, a través del control de las divisas.
B) Defensa del valor de la moneda
Directamente ligado a lo anterior, existía en la política gubernamental una preocupación
por evitar la devaluación del peso. Eran los ganaderos, como se ha dicho, el principal grupo
que presionaba por la baja del peso (o la suba del dólar, que es lo mismo) para obtener
mejores precios en moneda nacional por sus productos.
El régimen de cambios múltiples, que en realidad significaba devaluaciones por sector
(un precio del dólar en pesos para las exportaciones frigoríficas, otro para el trigo, etc.),
trataba de contemplar esa situación sin que los efectos de la devaluación se extendieran al
conjunto de la economía. Pero cuanto más pesos se le dieran al ganadero por cada dólar de
sus productos que vendiera al exterior, menos valdría el peso en relación al dólar. En los
hechos, sin embargo, el valor de la moneda se mantenía en función de las reservas de oro
y divisas que había acumulado el país en los momentos de auge de su comercio exterior (en
1950 se registró el monto más alto de las reservas en oro).
En el siguiente cuadro puede apreciarse la pérdida de reservas que se experimentó hacia
1955; el cambio de política económica que se operó a partir de 1959 no hizo sino acelerar
el proceso.
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Cuadro Nº 3 RESERVAS DE ORO Y DIVISAS
(en millones de dólares, corrientes, al 31 de diciembre de cada año)
Años Oro Divisas netas Total reservas
1946 199,6 93,5 293,1
1950 235,7 76,1 311,8
1955 215,6 -74,5 141,1
1960 179,6 -96,5 83,1
FUENTE: Tomado de MACADAR, REIG, SANTIAS, “Una economía latinoamericana” en Uruguay hoy.
Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
Por la disminución de reservas para equilibrar la balanza de pagos (relación entre todas
las transacciones económicas que se hacen en un año entre el país y el extranjero), el tipo
de cambio oficial cada vez se alejaba más del cambio libre. En 1955, por ejemplo, el dólar
para importación se cotizaba a $ 1,96 mientras en el mercado libre era necesario pagar $
3,46. Tres años más tarde, el tipo oficial era de $ 3,01 y el libre $ 7,35.
C) El proteccionismo industrial
El batllismo en el poder, como sabemos, adjudicó un papel relevante a la industria en la
generación de la riqueza y en la defensa de trabajo nacional. La industria desarrollaba al
país, mejoraba el nivel de vida del trabajador uruguayo y fortalecía a las clases medias.
Esta función benefactora debía ser promovida y ampliada por una acción tuteladora del
Estado. El proteccionismo se convirtió en una de las estrategias preferidas para alcanzar los
objetivos anhelados. Los caminos utilizados (aparte de los ya estudiados de los cambios
preferenciales, control del comercio exterior, o el de la política crediticia que se verá más
adelante), fueron de diverso tenor:
—exenciones o disminuciones tributarias a la importación de maquinaria industrial o de
materias primas.
—exenciones o disminuciones tributarias a las industrias que ampliaran o modernizaran
sus equipos.
—restricciones y prohibiciones al ingreso de productos extranjeros.
—política de subsidios (a través de primas a la producción o, como se ha visto, por
mecanismos de cambios múltiples que permitían favorecer cierto tipo de exportaciones y/
o importaciones).
Esta última modalidad, la de las subvenciones, adquirió una notoria relevancia en el
período, mientras que las medidas de tipo impositivo disminuían su incidencia. Los cultivos
industriales, por ejemplo, girasol, lino, maní, algodón, recibieron el apoyo estatal a través
de una política de precios y compensaciones. El gobierno valoraba estas medidas destacando:
“Frente a las grandes conmociones económicas que viven casi todos los países, la política de
subsidios es vital y asegura el orden económico, la estabilidad y hasta la paz política de los
pueblos. La intervención del Estado, en una acción eficaz de policía de la economía, sea
provocando la producción o manteniendo valores o reduciendo costos ocasionalmente elevados,
es obra de estabilidad y, por tanto, es obra tranquilizadora”. Consideraban que así como el
establecimiento de una política proteccionista impulsada en el país en las primeras décadas
del siglo había significado un “paso revolucionario”, la política de subsidios era una segunda
etapa. Si en la primera se había formado la capacidad industrial, con la segunda se tonificaba
nuestra economía preparándola para competir en los mercados internacionales. Donde se
reveló con mayor nitidez la voluntad proteccionista del gobierno batllista, fue en el tema de
los tops, o sea, en la venta de la lana nacional lavada y peinada. Como se agregaba de este
modo al precio de la lana en bruto el valor del trabajo nacional, se defendió con firmeza el
derecho del país a su exportación sin barreras aduaneras discriminatorias. “[...] sería sin
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duda más conveniente para los intereses económicos del país vender la lana trabajada,
elaborada por nuestros obreros, que es una forma de vender el trabajo de ellos, a estar
vendiendo sólo el trabajo de las ovejas cuando producen sus magníficos vellones. Los
industriales europeos y también norteamericanos prefieren comprarnos la lana sucia para
darle ocasión a sus trabajadores de tener los medios y el campo donde trabajar para
provecho propio y del país en que viven [...] Si nosotros no sabemos defender nuestra
riqueza, nuestro derecho para alimentar nuestro trabajo, no vendrán otros pueblos a
enseñarnos y protegernos en este camino”. Esta política estatal de signo proteccionista fue
–como en otros momentos– duramente criticada por aquellos sectores partidarios del
mantenimiento de un modelo económico basado en las exportaciones de nuestra producción
primaria: carne y lanas. Sostenían que desviar energías para el fomento de las actividades
industriales, era forzar tendencias seculares de nuestra economía orientadas hacia la
explotación pecuaria. Estos grupos sociales –alta clase rural, barraqueros, etc.– se inquietaban
ante la posibilidad de represalias de los grandes centros en la compra de producción ganadera
uruguaya, y no querían pagar más caros artículos de producción nacional que consideraban
inferiores a los extranjeros. Además, tenían la indignada convicción de que era con las
divisas que ellos producían al vender sus productos agropecuarios, que se financiaban las
importaciones imprescindibles para el crecimiento de la industria.
Sin embargo, la existencia de coyunturas internacionales favorables –por lo menos hasta
los primeros años de la década del cincuenta– para la colocación de nuestros rubros
tradicionales, limó las aristas más agudas de ese enfrentamiento, al percibir los ganaderos
buenos precios a pesar de la “quita” que ellos sentían que se les aplicaba por medio del tipo
de cambio para exportación. La política proteccionista no logró los resultados fecundos que
se esperaban de ella. Se ha señalado, en primer término, que se realizó de forma
indiscriminada, pues fomentó el desarrollo industrial más en extensión que en profundidad.
Esa diversificación de energías conspiró contra el fortalecimiento real de ciertas ramas
productivas, que sólo nacieron por el calor artificial, desvaneciéndose cuando éste no se
pudo mantener. Se le ha reprochado también que no intervino en lo medular del proceso,
como por ejemplo, los aspectos tecnológicos. No se realizaron controles sobre el tipo de
maquinaria que se importaba, y ello provocó, como ya fue señalado, inadaptación de la
tecnología a la realidad uruguaya: grandes inversiones, falta de competitividad en el exterior.
En resumen, la protección estatal, orientada primordialmente a apuntalar el desarrollo
industrial, estimuló los ya existentes desequilibrios entre ese sector y el agrario, y su
imperfecta aplicación ahondó las dificultades de la economía nacional para crecer
armónicamente.
D) Política crediticia
Uno de los instrumentos más utilizados por el Estado para impulsar determinados sectores
de la producción fue la política crediticia. Ella consistía en brindar líneas de crédito con
bajas tasas de interés para estimular actividades consideradas de conveniencia nacional.
De allí que se notara un leve ascenso de los créditos para la agricultura y una fuerte para la
industria, en detrimento de los tradicionalmente otorgados a la ganadería.
En 1945, los créditos otorgados por el Banco de la República se distribuían porcentualmente
de la siguiente manera: 60.4% para actividades pecuarias, 19.7% para agricultura y 19.9%
para la industria. Diez años más tarde la relación se había invertido: 38.3% para ganadería,
21.6% para agricultura y 40.8% para actividades industriales.
El apoyo también se daba a aquellos sectores exportadores para los cuales esa era la
única forma de poder competir en el extranjero, o bien para paliar temporales caídas de
los precios internacionales.
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